Crédito del FMI: Acuerdo y lógica de Estado

El FMI aprobó una línea de crédito por US$24 mil millones a nuestro país, lo que da espacio de maniobra frente a los efectos económicos que la crisis sanitaria está dejando.  

El austero comportamiento económico que ha marcado nuestra política fiscal desde el regreso a la democracia rindió sus frutos en las últimas semanas cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una línea de crédito por 24 mil millones de dólares a nuestro país. Ese monto da espacio de maniobra frente a los efectos económicos que la crisis sanitaria está dejando.

Con esta importante espalda económica que equivale aproximadamente al 10% de nuestro PIB, llegó el momento para que nuestro Estado ponga al servicio de la crisis todos los recursos económicos, incluyendo ahorros y capacidad de deuda. Hoy, en nuestro país, cientos de miles de personas sufren día a día los efectos económicos que está dejando esta pandemia, y como ya es costumbre, son los más vulnerables los que más sufren.

Bajo esa lógica, y pensando en que hoy lo que se necesita en medidas económicas son proyectos y acciones que vayan más allá del clásico asistencialismo y medidas parche, es que uno puede mirar con buenos ojos el acuerdo transversal en materia económica alcanzado por nuestro poder político. Es positivo porque se logró un acuerdo de Estado, pensando en una forma eficiente y efectiva de invertir 12 mil millones de dólares en un periodo de dos años con el fin de generar un paquete de medidas agresivas multifocales que apunten a reactivar la economía y proteger a las familias que se están enfrentando a las precariedades económicas que esta pandemia está dejando.

Se espera que este marco de acuerdo sea una hoja de ruta que vaya más allá de las buenas intenciones, y se convierta en un motor que lleve a nuestras autoridades a pensar en lógicas de unidad y de trascendencia por sobre el clásico oportunismo político miope. Eso ya que, frente a la madre de todas las crisis de salud, la única forma de salir de esta situación y poder mitigar sus efectos de la mejor manera posible es pensando en una lógica de Estado.

Lucas Serrano Barraza
Director de Administración Pública Advance
Universidad San Sebastián